El gobierno departamental reveló que recientemente aumentó a 46 el número de personas que se encuentran amenazadas en el departamento de Casanare, cifra que pasó de 38 a 46 en los últimos días.
En los primeros tres meses de este año, el número inicial de amenazados era de 38 y en la última semana se sumó a este grupo cuatro docentes y otras cuatro personas que denunciaron amenazas.
Se conoció que entre los amenazados hay mínimo cuatro alcaldes, 4 profesores y personas de gremios y otros sectores poblacionales, que han sido víctimas de llamadas y mensajes intimidatorios.
“Hemos realizado un consejo de seguridad departamental, con el fin de canalizar toda la información necesaria de los casos y seguir los protocolos”, dijo el secretario de gobierno de Casanare, Julio Ramos.
La lista
Agregó que al gobierno departamental le concierne entregar el listado de las personas amenazadas, a las autoridades correspondientes, para darle curso al trámite que se requiere en estos casos.
Explicó que la Fiscalía hará acompañamiento y canalizará la información sobre las denuncias que ya han sido formuladas, cuáles de ellas necesitan ampliación y quiénes de los amenazados no han denunciado, para que lo hagan lo antes posible.
Ramos manifestó que una vez esté listo este protocolo, la administración departamental y las instituciones con asiento en el Consejo de Seguridad, harán llegar el documento respectivo a la Unidad Nacional de Protección -UNP-.
Enfatizó que finalmente será la UNP, la instancia que determine cuáles de las personas amenazadas requieren protección realmente y el tipo de protección que recibirán (escoltas, vehículos, etc.).
Puntos débiles
El secretario de gobierno de Casanare sostuvo que para la administración departamental hay tres puntos de preocupación, frente a todos estos casos de personas amenazadas, de acuerdo con algunas limitantes que se tienen.
El primero de ellos es precisamente la protección temporal para estas personas, porque no se cuenta con un pie de fuerza amplio, para lo cual se ha solicitado al gobierno nacional un mayor pie de fuerza, pero hasta el momento no ha habido alguna respuesta.
Luego advirtió que, en segundo plano, “no queremos que se repita lo de casos anteriores, cuando con personas en protección temporal, sucedió lo que no queremos que pase ahora con ninguno de este grupo de amenazados”.
Ramos indicó que “la tercera preocupación radica en que la Unidad Nacional de Protección agilice el estudio de riesgo de los 46 casos que le vamos a presentar, para que oportunamente se defina el mecanismo de protección en cada caso”.
Por seguridad de las personas que han recibido las amenazas y la reserva que implica, a diferencia de los alcaldes y los docentes; no se precisó el gremio o sector poblacional al que pertenecen los demás amenazados.
Lo que si ha trascendido es que las amenazas provienen de la guerrilla, grupos delincuenciales y otras organizaciones al margen de la ley que intentan causar terror y zozobra en la zona norte y otras áreas de Casanare.
