Un estudio revela que las principales instituciones financieras siguen financiando la explotación petrolera en la Amazonía, ignorando compromisos climáticos.
La Amazonía sigue siendo una zona importante para la extracción de hidrocarburos, una actividad que resulta altamente rentable pero devastadora para el medio ambiente. Un reciente estudio liderado por la organización ambiental Rainforest Action Network y el grupo investigativo Stand.earth ha revelado que los 60 bancos privados más grandes del mundo han financiado la extracción de combustibles fósiles con USD 6,9 billones en los siete años posteriores a la firma del Acuerdo de París. De esta asombrosa cifra, USD 11 mil millones se destinaron específicamente para la extracción de petróleo y gas en la Amazonía.
Las entidades financieras más implicadas en esta inversión son los bancos estadounidenses Citigroup, JPMorgan Chase, Bank of America, el banco inglés HSBC y Santander, de España. Petróleos del Perú S.A. (PetroPerú) ha sido uno de los principales receptores de estos fondos, con más de USD 3.000 millones recibidos desde 2016 hasta 2023. Por su parte, Petróleo Brasileiro SA (Petrobras) ha recibido casi USD 19.000 millones en el mismo período.
En una serie de reuniones con Citigroup, Goldman Sachs y JPMorgan Chase, Olivia Bisa, lideresa indígena de la Nación Chapra, expuso las preocupaciones de las comunidades amazónicas afectadas por la explotación petrolera. A pesar de no obtener compromisos concretos, los bancos escucharon las denuncias de la falta de consultas a las comunidades y los daños ambientales causados por estas actividades.
«Cuando hacemos resistencias desde acá, pocas veces nos escuchan. Poco sabe el mundo que estamos luchando», afirma Bisa. «A raíz de las experiencias que hemos vivido como derrames petroleros, contaminaciones, nosotros dijimos, ‘No, ya basta, hasta aquí nomás’».
La perspectiva global y local
La resistencia indígena en la Amazonía se enfrenta a desafíos monumentales. En Ecuador, el histórico referéndum de agosto de 2023 que votó por detener la extracción de petróleo en el Parque Nacional Yasuní ha encontrado una implementación lenta y dificultosa. A tres meses de la fecha límite para el desmantelamiento de las instalaciones en el Bloque 43-ITT, el gobierno ecuatoriano está lejos de cumplir con el mandato popular.
Por otro lado, en Brasil, Petrobras está en un litigio para iniciar la extracción de petróleo en la desembocadura del río Amazonas, mientras que PetroPerú enfrenta una fuerte oposición de las comunidades indígenas en el Lote 64. Estas situaciones resaltan la contradicción entre los objetivos de sostenibilidad global y las acciones locales que favorecen la explotación de recursos naturales.
