El Ministerio de Cultura aprobó el plan de protección de la Reserva Indígena Yavarí Tapiche, ubicada en la región Loreto, principal instrumento de gestión del área, orientado a garantizar los derechos al territorio, la salud y la vida de los pueblos indígenas en situación de aislamiento matsés, remo (isconahua), marubo y otros.
Más de 400 comunidades y organizaciones han presentado la ‘Declaración de Manaos’ ante la CIDH, solicitando la definición de estándares mínimos para proteger los derechos humanos frente a la crisis climática, y exigiendo responsabilidades a Estados y corporaciones por su rol en el deterioro ambiental.
Más de 400 comunidades, pueblos y actores de la sociedad civil han solicitado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en su próxima Opinión Consultiva sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos establezca estándares mínimos para «respetar y proteger» los derechos humanos en el contexto de la crisis climática.
Esta petición fue informada por Greenpeace México, que destaca la urgencia de esta acción ante la creciente amenaza que representa el cambio climático.
Entre las demandas se encuentra la necesidad de que los Estados transiten hacia economías libres de combustibles fósiles sin comprometer a las comunidades locales ni causar impactos ambientales. Además, piden garantizar la información y participación pública, así como el acceso a la justicia climática. Esto último implica crear condiciones jurídicas e institucionales para que las poblaciones afectadas puedan llevar sus casos a los tribunales y para que el poder judicial esté capacitado en asuntos climáticos.
Otro punto de la Declaración es la protección y facilitación de la labor de los defensores ambientales, así como la garantía de medidas de adaptación al cambio climático.
La abogada sénior del Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL), Luisa Gómez Betancur, destacó que la Declaración también solicita a la Corte a reforzar la obligación de los Estados de regular a los actores corporativos y garantizar que los responsables de violaciones de derechos humanos relacionadas con la crisis climática asuman las consecuencias. «El que contamina debe pagar, dice el principio de derecho internacional», señaló Gómez Betancur.
Por su parte, Marcella Ribeiro, abogada sénior del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), opinó que la decisión de la Corte tiene un gran potencial para superar el estancamiento político en las negociaciones internacionales sobre el clima. A su juicio, los estándares que fije la Corte «sentarán nuevos paradigmas para el acceso a la justicia en el contexto de la triple crisis planetaria, influyendo en casos pendientes y futuros, así como en leyes y políticas dentro y fuera del continente».
